Juzgado Tercero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara
Barquisimeto, 25 de mayo de 2012
Años: 202º y 153º

ASUNTO: KP02-V-2012-001040

DEMANDANTE: GABRIEL SAVERIO ORELLANA PACHECO, venezolano, mayor de edad, titular de las cédula de identidad Nro. V-10.720.465.
APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: VÍCTOR CARIDAD ZAVARCE, ANA CRISTINA TIMAURE GOMEZ Y MIROSLAVA URIBE, inscritos en el I.P.S.A. bajo los Números 20.068, 131.388 y 143.162 respectivamente.
DEMANDADO: FRANCISCO RAMONES HIDALGO, mayor de edad, venezolano, identificado con la Cédula de Identidad Nº-2.823.592.
APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: JESÚS DURÁN ALFARO, abogado en ejercicio inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 113.800.
MOTIVO: FRAUDE PROCESAL
SENTENCIA: DEFINITIVA
INFORMES: VISTOS. Sólo la parte accionada presentó.
RELACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES
Y ALEGATOS DE LAS PARTES
En fecha 28 de febrero de 2011, fue introducido ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) civil, libelo de demanda de FRAUDE PROCESAL, instaurada por el ciudadano GABRIEL SAVERIO ORELLANA PACHECO, en contra del ciudadano FRANCISCO RAMONES HIDALGO, arriba identificados, y lo hizo en los siguientes términos:
Expone la accionante en su escrito libelar, que en fecha 18 de septiembre de 2002, celebró en forma privada un CONTRATO DE ARRENDAMIENTO con el ciudadano FRANCISCO RAMONES HIDALGO, quien para ese momento era el administrador del condominio de la Manzana “E” de la Urbanización Río Lama. Explica que el objeto del contrato de Arrendamiento era una casa destinada a la Consejería de La Manzana “E”, ubicada en la parte suroeste del estacionamiento de la Manzana “E” de la Urbanización Río Lama en esta ciudad de Barquisimeto en jurisdicción del municipio Iribarren del estado Lara. Indica que el canon de arrendamiento se convino en la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.150.000) y el término de duración del contrato se convino a SEIS (06) MESES PRORROGABLES contados a partir de la firma del contrato cuya fecha fue el día DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DE 2002. Señaló que posteriormente en fecha PRIMERO (1º) DE MARZO DE 2006, suscribieron nuevo contrato de arrendamiento, conviniéndose el canon de arrendamiento en la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.250.000) mensuales y el término de duración del contrato se convino a SEIS (06) MESES PRORROGABLES, contados a partir de la firma del contrato cuya fecha fue el día PRIMERO (1º) DE MARZO DE 2006.
Expresa entonces que ante el Juzgado Cuarto de Municipio Iribarren del estado Lara, cursó en el expediente KP02-V-2009-4443, un juicio contentivo de una acción de DESALOJO instaurada por el presunto administrador de la junta directiva del condominio de la Manzana “E” de la Urbanización Río Lama ciudadano FRANCISCO RAMONES en su contra, fundamentada la acción por una presunta falta de pago. Alega que la sentencia definitiva declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la acción planteada, condenándole al pago de una determinada cantidad de dinero y a la entrega del inmueble arrendado.
Explica que la parte actora creó, urdió y ejecutó un FRAUDE PROCESAL, al instaurar el juicio de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, ya que el actor FRANCISCO RAMONES fungió como el administrador del condominio de la Manzana “E” de la Urbanización Río Lama. Expone que el mencionado ciudadano fue el administrador del condominio en el período de OCTUBRE DE 2.001 HASTA EL MES DE OCTUBRE DE 2002, tal como lo manifiesta en el libelo de la demanda de la resolución del contrato de arrendamiento.
Asimismo, explica que de igual manera se evidencia en las actas del expediente, que la parte actora no trajo al proceso el libro de actas de asambleas de copropietarios donde se evidencie que el ciudadano FRANCISCO RAMONES determina la condición de administrador del condominio de la Manzana “E” en el período de OCTUBRE DE 2009 A OCTUBRE DE 2010.
Alega que el fraude procesal se corrobora expresamente con las actas del proceso, en especial con el poder apud acta que riela al folio 25 del expediente, donde el entonces actor FRANCISCO RAMONES otorga poder apud acta a título personal, y no en su condición de administrador del condominio de la Manzana “E”.
Indica que toda la actividad desarrollada por el actor fue orientada para desvirtuar la verdad de los hechos, en especial para usurpar la condición de administrador y obtener un provecho injusto, mediante la implementación de una maquinación dolosa que buscaba sorprender la buena fe del demandado que creyó que el actor era aun el administrador del condominio.
Explica que el ciudadano FRANCISCO RAMONES fue el administrador de la Junta de Condominio de la Manzana “E” en el año que se suscribió el Contrato de Arrendamiento, pero al momento de presentar la demanda en noviembre de 2009 ya no era el administrador, motivo por el cual actuó fraudulentamente en el juicio y no pudo demostrar en la litis su condición de administrador.
Expone además, que como se evidencia de las actas del proceso, el actor, quien actuó como presunto administrador de la Junta Directiva del condominio de la Manzana “E”, no acompañó junto a su escrito libelar o en el lapso probatorio del ACTA DE ASAMBLEA de copropietarios de la Manzana “E” que lo designa como Administrador y muchos menos trajo a proceso la autorización de la Asamblea de Copropietarios para que la Junta de Condominio procediera judicialmente ni para que designare abogado para el juicio. Por consiguiente, esta omisión fraudulenta de solicitar la autorización expresa de los copropietarios de la manzana “E”, acarrea la nulidad absoluta de la acción interpuesta por falta de cumplimiento de los requisitos esenciales de procedibilidad.
Manifiesta que presuntamente los ciudadanos MIGUEL PUCHADES, Presidente, COROMOTO GARCÍA, Vicepresidente y NOEMI ALVAREZ, Secretaria, le otorgaron al presunto Administrador de la Junta de Condominio, una presunta autorización, tal como se evidencia al folio 15 del expediente, pero las firmas estampadas en esta autorización como documento privado tenían que ser ratificadas en juicio por la vía testifical por los presuntos firmantes. Esta ratificación testifical de las firmas no se hizo y por consiguiente el documento privado acompañado carece de todo valor probatorio.
Asegura que la parte actora tampoco demostró en el juicio, su condición de presunto administrador de la Junta de Condominio, que no trajo al proceso la prueba de su designación ni del ACTA DE ASAMBLEA de copropietarios que demuestre su designación. Por consiguiente su condición y sus facultades legales no constan en autos, no demostró que es el ADMINISTRADOR DEL CONDOMINIO y que está facultado por los copropietarios para interponer la acción de resolución de contrato de arrendamiento.
De igual manera afirma que el presunto administrador de la Junta de Condominio se presentó en el proceso y otorgó a título personal un poder apud acta al Abogado Ranier Gonzalez, el otorgante arguye que actúa en su propio nombre y en representación, a favor de su representada.
Asimismo, asevera que la Secretaria del Tribunal, en su declaración de identificación del otorgante del poder, manifiesta que fue otorgado por FRANCISCO RAMONES, que el acto ocurrió en su presencia y que se identificó con la Cédula de identidad Nº2.823.592. No deja constancia que el poder lo otorgó como ADMINISTRADOR DEL CONDOMINIO, pues tendría que haber demostrado ante la Secretaria del Tribunal su condición de ADMINISTRADOR y presentar el soporte legal que así lo demostrase, como sería el ACTA DE ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DE LA MANZANA “E” donde se designa y para que período de tiempo.
Arguye que este poder es írrito de por sí, pues otorgado en forma solapada por un tercero que no es parte en el juicio, ya que quien funge como parte actora es EL ADMINISTRADOR DE LA JUNTA DE CONDOMINIO y no FRANCISCO RAMONES a título personal, por consiguiente esa incongruencia hace que el referido instrumento este viciado de nulidad absoluta y por ende no produzca efectos legales.
Agrega que en virtud de que el poder apud acta otorgado por FRANCISCO RAMONES está viciado de nulidad absoluta, las actuaciones judiciales realizadas por el Abogado RANIER GONZALEZ, quien es el abogado designado en el referido instrumento deben ser declaradas nulas e inexistentes.
Fundamentó la demanda en los artículos 17 y 170 numeral 1º del Código de Procedimiento Civil, así como en la transcripción de tres sentencias de la Sala Constitucional, las cuales no identificó.
Por lo anteriormente narrado, demandó formalmente al ciudadano FRANCISCO RAMONES HIDALGO, ya identificado, en su condición de creador, idealizador, urdidor y materializador de un FRAUDE PROCESAL STRICTU SENSU; para que convenga sobre los siguientes pedimentos o en su defecto este Tribunal así lo condene:
PRIMERO: que son ciertos los hechos narrados e indubitables los instrumentos consignados y en consecuencia convenga el demandado que en el juicio de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO que cursó ante el Juzgado Cuarto de Municipio Iribarren del estado Lara, bajo el Nº KP02-V-2009-4443, actuó en forma personal y no con la condición de administrador del condominio de la Manzana “E” de la urbanización Río Lama o en su defecto este Tribunal así lo declare.
SEGUNDO: que convenga el demandado que ejerció la acción de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ante el JUZGADO CUARTO DEL MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA en el asunto KP02-V-2009-4443 sin estar autorizado por la asamblea de copropietarios de la manzana “E” de la urbanización Río Lama, careciendo de facultades legales para interponer la acción de resolución de Contrato de Arrendamiento o en su defecto así lo declare el Tribunal.
TERCERO: que convenga el demandado que la presunta autorización que le otorgaron los presuntos miembros de la JUNTA DE CONDOMINIO ciudadanos MIGUEL PUCHADES PRESIDENTE, COROMOTO GARCÍA VICEPRESIDENTE Y NOEMI ÁLVAREZ SECRETARIA, al ADMINISTRADOR en fecha TRES (03) de agosto de 2009, carece de todo valor probatorio por no haber sido ratificadas en el juicio las firmas estampadas en el documento, a través de la vía testifical o en su defecto así lo declare este Tribunal.
CUARTO: que convengan el demandado en que el PODER APUD ACTA otorgado en el expediente KP02-V-2009-4443, el cual riela en el folio 25 del expediente es nulo y sin efecto legal alguno ya que fue otorgado en forma personal y no en su condición de administrador de la Junta de Condominio de la Manzana “E” de la Urbanización Río Lama o en su defecto este tribunal así lo declare.
QUINTO: que convenga el demandado que todas las actuaciones judiciales realizadas por el abogado Ranier Gonzalez en el expediente KP02-V-2009-4443, contentivo de una acción de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, están viciadas de nulidad absoluta ya que el poder apud acta fue otorgado por el ciudadano FRANCISCO RAMONES a título personal y no en su condición de ADMINISTRADOR DE LA JUNTA DE CONDOMINIO, como así lo indica la identificación y certificación que hace la secretaria del Tribunal o en su defecto este tribunal así lo declare.
SEXTO: Que convenga el demandado que las actuaciones judiciales realizadas en el asunto KP02-V-2009-4443 son artificiosas, irregulares y viciadas de nulidad, las cuales constituyen un FRAUDE PROCESAL, ya que solo persiguieron obtener una sentencia fraudulenta que ordenara la desocupación del inmueble arrendado, falseando la realidad sin cumplir con los requisitos de ley o en su defecto este Tribunal así lo declare.
SÉPTIMO: que convenga el demandado en anular y dejar sin efecto legal alguno, todas y cada una de las actuaciones fraudulentas contenidas en el expediente Nº KP02-V-2009-4443 contentivo de juicio de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO que cursó ante el JUZGADO CUARTO DEL MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA o en su defecto este Tribunal así lo declare.
OCTAVO: que convenga el demandado en cancelar las costas y costos del proceso prudencialmente calculadas.
Estimó su acción en la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.250.000) equivalentes a TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA UNIDADES TRIBUTARIAS (3.840 U.T.).
El día 01 de marzo de 2011 fue recibida la demanda por ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara. En fecha 11 de marzo de 2011 el referido Tribunal admitió la demanda y se ordenó la citación del demandado antes identificado. El 21 de marzo de 2011 compareció el demandante y consignó los fotostatos a los fines de librar compulsa de citación al demandado, lo cual fue acordado en fecha 23 de marzo de 2011. El día 12 de abril de 2011 el demandante otorgó poder apud acta a favor de los abogados VÍCTOR CARIDAD ZAVARCE, ANA CRISTINA TIMAURE GOMEZ Y MIROSLAVA URIBE. El 04 de mayo de 2011 el Alguacil del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara consignó recibo de citación sin firmar por el demandado. En fecha 05 de mayo de 2011 la parte actora solicitó la práctica de la citación complementaria del demandado, lo que se acordó el 09 de mayo de 2011. El día 30 de junio de 2011 el secretario del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara dejó constancia de haberse trasladado al domicilio del demandado. El 27 de junio de 2011 la parte actora solicitó cómputo por secretaría de los días de despacho desde el 30 de junio de 2011 al 27 de julio de 2011, lo cual fue acordado el 02 de agosto de 2011, y en la misma fecha compareció el demandado y otorgó poder apud acta a favor del abogado JESÚS R. DURÁN ALFARO. Ese mismo día consignó escrito de contestación en los siguientes términos:
Alega que, actuando en su condición de administrador del Condominio de la Manzana “E” de la Urbanización Río Lama, de Barquisimeto, estado Lara, según consta de Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 26 de Octubre de 2001, el 18 de Septiembre de 2002, celebró contrato de arrendamiento a tiempo determinado con un canon inicial de CIENTO CINCUENTA BOLIVARES (Bs.150,oo) con el ciudadano GABRIEL S. ORELLANA PACHECO, identificado en autos, sobre una vivienda con su respectivo estacionamiento, propiedad del Condominio de la Manzana ”E” de la Urbanización Rio Lama, parte Suroeste del estacionamiento de la Manzana “E”, siendo modificado el canon de arrendamiento en fecha 01 de marzo de 2006 en la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES (Bs.250,oo) los cuales se comprometió a pagar los cinco primeros días del mes en la oficina del Administrador.
Asimismo, acotó que el arrendatario hoy demandante en este causa incumplió lo establecido en la cláusula tercera de contrato de arrendamiento, por lo que se vio en la necesidad de interponer en los tribunales en el mes de Noviembre del año 2009, actuando en representación de la Junta de de Condominio de la Manzana “E” de la Urbanización Rio Lama por motivo de Resolución de Contrato de Arrendamiento, expediente signado con la nomenclatura KP02-V-2009-4443 que cursó ante el Tribunal Cuarto de Municipio Iribarren del estado Lara, dictándose Sentencia Definitiva el día 14 de abril del año 2010 que riela en la presente causa a los folios 120 al 127, declarándose PARCIALMENTE CON LUGAR la pretensión invocada por la parte demandante y ordenando la entregar el inmueble en perfecto estado de conservación y al pago de los cánones insolutos desde el mes de junio del año 2008 hasta la entrega definitiva del inmueble, la cual quedó definitivamente firme según auto de fecha 22 de abril de 2010 que riela al folio 130 de esta causa.
Procedió a rechazar, negar y contradecir los hechos alegados por la parte actora en el libelo de demanda en los siguientes términos:
Rechazó que su persona haya urdido y ejecutado un FRAUDE PROCESAL al instaurar el juicio de RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO al fungir como administrador del condominio de la Manzana “E” de la Urbanización Rio Lama, pues es falso que en el libelo de demanda haya manifestado ser el administrador del condominio solamente en el período de octubre de 2001 hasta el mes de octubre de 2002, pues en el libelo de demanda que asegura riela en esta causa a los folios 12 al 16 se lee claramente que en fecha 26 de octubre de 2001, en Acta de Asamblea Extraordinaria fue nombrado administrador de la Manzana “E” de la Urbanización Rio Lama, no señalándose el período específico de duración de ese cargo, aun más cuando se indica que actuó en representación de la Junta Directiva del Condominio de la Manzana “E” de la Urbanización Rio Lama, según Acta de Condominio de fecha 03 de Agosto de 2009 que se acompañó con el libelo de demanda marcada “A” y que cursa al folio 17, documental que resalta en la primera oportunidad procesal, conforme lo señala el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, que es la contestación de la demanda, la parte demandada no impugna ni desconoce por lo que se tiene como cierta y adquiere pleno valor probatorio.
Relata que además la parte demandada en el juicio de Resolución, hoy accionante en esta causa, en la oportunidad de contestar la demanda lo que señala riela al folio 33, opone las cuestiones previas establecidas en el ordinal tercero del articulo 346 ejusdem por carecer de la representación legal atribuida para promover válidamente la demanda y la cuestión previa contenida en el ordinal 6º del artículo 346 lex citae al no señalarse los linderos del inmueble objeto de controversia, cuestiones previas que fueron subsanadas en su debida oportunidad aun más cuando junto al mismo libelo ya se había acompañado Acta de Asamblea, que lo autorizaba actuar en nombre de la Junta de Condominio, aunado a que como administrador de dicho inmueble había suscrito como arrendador los contratos de arrendamientos celebrados con el ciudadano GABRIEL ORELLANA PACHECO, cuestiones previas que fueron DECLARADAS SIN LUGAR en la Sentencia DEFINITIVA, y no se le vulneró a la parte demandada del juicio de RESOLUCION los derechos a la defensa y al debido proceso, y al precluir los lapsos procesales para intentar los Recursos ordinarios y extraordinarios y quedando definitivamente firme la Sentencia, se causa cosa Juzgada en aplicación del principio constitucional no bis idem pautado en el ordinal 7 del Artículo 49 de la Constitución Nacional.
Negó que la parte actora en el juicio de Resolución de Contrato de Arrendamiento no trajo al proceso el libro de Actas de Asambleas de Copropietarios donde se evidencie que su persona es el Administrador del Condominio de la Manzana “E” en el período de octubre de 2009 a octubre de 2010, pues al ser autorizado para ser administrador desde el día 18 de octubre de 2001, haber celebrado los contratos de Arrendamientos desde el año 2002 hasta el último contrato de arrendamiento suscrito, cobrar los cánones de arrendamiento y los de condominio, y haber sido autorizado como se desprende de la copia de Acta de Asamblea de fecha 03 de Agosto de 2009, que participa riela al folio 17 de esta causa, y firmar el acta como administrador, es obvio que continuaba en el ejercicio de sus funciones como administrador.
Arguye que no es necesario un acta que lo ratifique en el cargo cuando se deja asentado implícitamente que es el administrador de la Manzana “E” para el momento de la interposición de la demanda de RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO contra el ciudadano GABRIEL S. ORELLANA PACHECO lo que quedo demostrado en dicha causa al haberse declarado SIN LUGAR las cuestiones previas opuestas y por ende no hay ningún fraude procesal.
Plantea que, al contrario, más bien la parte actora de este juicio pretende confundir a este juzgador con un fraude que no existe después de haber precluido todos los lapsos procesales de ley para intentar cualquier defensa y recursos a que hubiere lugar con ocasión del juicio descrito ut supra causándose cosa juzgada conforme al principio constitucional non bis idem.
Rechazó que exista fraude procesal en las actas del proceso, específicamente al folio 26 de esta causa donde su persona confiere poder apud acta supuestamente a título personal y no en su condición de administrador del Condominio de la Manzana “E”, pues de las actas procesales se desprende que en nombre propio y de su representada confiere poder apud acta que por lógica en el juicio de RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO es la Junta de Condominio de la Manzana “E” de la Urbanización Rio Lama, confiriendo dicho poder apud acta en fecha 17 de diciembre de 2009, y además el demandado en esa causa a través de sus abogados en ninguna actuación del proceso alegó la falta de cualidad del apoderado del actor para comparecer en juicio, lo que convalida todas y cada una de las actuaciones del abogado, evidenciándose una vez más el ardid y engaño que pretende la parte actora a través de alegatos infundadas demandar FRAUDE PROCESAL cuando han precluido los lapsos para la defensa de las partes y el ejercicio de los recursos que fuesen posibles, en la demanda por Resolución de Contrato de Arrendamiento la cual ha quedado firme y es cosa juzgada formal y material, por lo que no hay materia sobre la cual decidir.
Contradijo que toda la actividad desarrollada por su persona fue orientada para desvirtuar la verdad de los hechos, mucho menos usurpar la condición de administrador y obtener un provecho injusto mediante la implementación de una maquinación dolosa que buscaba sorprender la buena fe del demandado que supuestamente creyó que era aun el administrador del condominio, pues desde un principio el ciudadano GABRIEL SAVERIO ORELLANA PACHECO sabía que desde el año 2001 fue nombrado administrador de la manzana “E” de la Urbanización Rio Lama, ya que fue con su persona que suscribió todos los contratos de arrendamiento, y era la persona que le cobraba a él los cánones de arrendamiento y la cuota de condominio y en autos se demuestra que para la fecha de la interposición de la demanda por RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO era y sigue siendo el administrador lo que cursa en las actas procesales a los folios 17 y 56 de esta causa, pues no es necesario un acta de Asamblea que lo ratifique como administrador cuando de las Actas de Asamblea del año 2009 lo autorizan para efectuar las gestiones judiciales con dicho ciudadano, en su condición de administrador.
Resalta que es difícil engañar a alguien con esa situación, aun mas cuando dicha acta es firmada aparte de su persona por el Presidente, Vice-presidente y Secretaria de la Junta de Condominio.
Negó que exista violación de las normas de orden público establecidas específicamente en el artículo 19 de la Ley de Propiedad Horizontal, pues sí era administrador para el momento en que suscribió el contrato de arrendamiento con su persona y al momento de presentar la demanda en noviembre de 2009 , lo cual asegura demostró. Puntualiza además que no se puede suplir las faltas cometidas por la parte demandada declarando la nulidad de actuaciones en un juicio distinto al de RESOLUCION DE CONTRATO.
Explica que en Venezuela la nulidad procesal sólo se lleva a cabo dentro del propio juicio a través del Recurso de Apelación, Casación e Invalidación. Si no existe la Apelación, el perdidoso puede acudir al Recurso de Invalidación, cuando se tratare de un vicio de los indicados en el artículo (no lo señala) ejusdem. No teniendo la acción de Resolución de Contrato, Apelación, ni tampoco Casación, el actor en este procese de FRAUDE PROCESAL ha podido utilizar el Recurso de Invalidación, y no lo hizo.
Rechazó la inexistencia de la Asamblea de co-propietarios de la Manzana “E” de la Urbanización Río Lama donde se designa a su persona como administrador del condominio asegurado que su persona ha ejercido legítimamente la cualidad en el juicio de Resolución de Contrato de Arrendamiento, pues el Reglamento de Condominio que riela al folio 40 fte y vto, establece dicha facultad con la debida autorización por la Junta de Condominio la cual riela a los folios 17 y 56 de esta causa y que se acompañó en su debida oportunidad en el expediente objeto de esta demanda, por lo que en ningún momento existe fraude procesal y además esto sería una defensa que el demandado en el Juicio de Resolución de Contrato de Arrendamiento debió haber alegado en la oportunidad correspondiente y podido ejercer los recursos ordinarios y extraordinarios correspondientes por lo que ya todo lo relacionado en dicho juicio es cosa juzgada en virtud del principio constitucional non bis idem.
Negó que no tiene valor probatorio la presunta autorización presentada por el administrador de la Junta de Condominio de la Manzana “E” de la Urbanización Rio Lama ya que no ratificaron por vía testimonial las firmas de los miembros de la Junta de Condominio conforme a lo previsto al artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, ya no es posible que pueda entrarse a conocer una situación que fue tratada en el ya concluido juicio de Resolución de Contrato.
Rechazó que el poder Apud acta fuese otorgado en forma personal y no como administrador del condominio, pues se desprende que confirió poder Apud acta en nombre propio y de su representada, que por lógica en el juicio de RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO es la Junta de Condominio de la Manzana “E” de la Urbanización Rio Lama, en fecha 17 de Diciembre de 2009 y en lo que respecta a la nota de la Secretaria del tribunal deja constancia que la persona que ante su presencia otorga el poder es el verdadero otorgante independiente que actuó en nombre propio o en representación, y por otro lado el demandado en esa causa a través de sus abogados en ninguna actuación del proceso alego la falta de cualidad del apoderado del actor para comparecer en juicio lo que convalida todas y cada una de las actuaciones del abogado del actor.
Rechazó que FRANCISCO RAMONES, en su condición de administrador de la Manzana “E” de la Urbanización Rio Lama hubiere actuado de manera personal en el Juicio de RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO que cursó ante el Juzgado Cuarto de Municipio Iribarren del estado Lara bajo el Nº KP02-V-2009-4443.
Plantea que señalar alguna irregularidad, supuesto vicio o actuación irregular existente en ese proceso, sería reabrir una causa que forma una cosa juzgada plena formal y material; es decir una reapertura vendría a constituir un atentado contra la seguridad jurídica.
Rechazó que el tribunal condene en pagar al demandado los costos y costas del proceso, por cuanto este juicio de fraude procesal no tiene fundamento jurídico alguno, ni en forma legal ni en los hechos.
Rechazó la cuantía fijada por la parte demandante en la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs.250.000,oo) o su equivalente TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE UNIDADES TRIBUTARIAS (3.847U.T.) por ser exagerada y estar por encima de la estimación de la demanda del juicio de RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO que se realizó en la cantidad de cuatro mil bolívares (Bs.4000,oo). Por ello pidió se ajuste la estimación de la demanda a un monto SEIS MIL BOLIVARES (Bs.6.000,oo).
Fundamentó la contestación de la demanda en los artículos 49 ordinal 1 y 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; artículo 1395 del Código Civil y artículos 17, 209, 244, 272 y 429 del Código de Procedimiento Civil.
Por último solicitó que la presente contestación de demanda sea SIN LUGAR la demanda interpuesta por la parte actora, y sea condenada la parte actora en costos y costas procesales, por ser una acción temeraria, que ataca el principio fundamental de la cosa juzgada y la institución de la Seguridad jurídica.
En esa misma fecha, 02 de agosto de 2011, el abogado de la parte actora presentó diligencia mediante la cual impugnó la estimación de la demanda, y pidió la estimación de SEIS MIL BOLÍVARES (Bs.6.000,oo). El 03 de agosto de 2011, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara advirtió a las partes que la causa entró en lapso de pruebas. El día 08 de agosto de 2011 la accionante presentó escrito de oposición a la impugnación de la demanda. El 29 de septiembre de 2011 el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara ordena agregar a los autos los escritos de pruebas promovidos por ambas partes, la parte accionante en fecha 23 de septiembre de 2011 y la parte accionada en fecha 28 de septiembre de 2011. El 04 de octubre de 2011 la accionada presentó escrito de oposición a las pruebas. El 07 de octubre de 2011 el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara declaró procedente la oposición a la prueba de exhibición presentada por la parte demandante y en la misma fecha se admitieron las pruebas promovidas salvo su apreciación en la definitiva. En fecha 26 de octubre de 2011 sien