REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA
REGION CAPITAL


Exp. No. 005500

En fecha 20 de julio de 2006, el abogado Luis Guillermo Ojeda Hernández, inscrito en el Inpreabogado, bajo el Nº 70.370, actuando en representación del ciudadano SILVANO ASUAJE PARADAS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 4.817.873, interpuso querella funcionarial contra la CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS.

El 11 de abril de 2007, las abogadas Venecia Zambrano y Mary Almeida, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo lo Nros. 113.926 y 18.359, respectivamente, actuando en representación de la Contraloría del Municipio Libertador del Distrito Capital, consignaron escrito de contestación de la querella.

Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, este Juzgado pasa a decidir previo el análisis siguiente:

I
DE LA QUERELLA FUNCIONARIAL

En fecha 20 de julio de 2006, la representación de la parte actora interpuso querella funcionarial, con base en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

Que en fecha 6 de junio de 2003 su representado comenzó a prestar sus servicios como Revisor en la Contraloría del Municipio Libertador, hasta el 30 de junio de 2005, fecha en la que fue notificado verbalmente del vencimiento del contrato de trabajo, y de la negativa de renovarlo, todo ello luego de haber laborado durante dos (2) años y veinticuatro (24) días en esa Administración Municipal.

Adujo que “(…) la notificación formulada (…) no es otra que la destitución del cargo que [había] desempeñado [su] representado en el Organismo Municipal, (…) por cuanto para [ese momento, su] mandante había adquirido el status de funcionario con carácter de fijeza, ya que había celebrado CINCO (5) CONTRATOS CONSECUTIVOS, además de estar protegido por el decreto presidencial de inamovilidad Nro. 3.546, de fecha 28 de Marzo del (sic) 2006, publicado en la Gaceta Oficial Nro. 38.154 (…)”.

Que la Administración violó todo el procedimiento para efectuar la destitución, por las razones que se enumeran a continuación: i) No aplicó el artículo 78 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; ii) Erró en la calificación del cargo ya que su representado no es un contratado; iii) “(…) [Violó] el debido proceso, por cuanto para la fecha estaba (…) vigente el Decreto Presidencial de Inamovilidad laboral (sic) de fecha 28/03/2005 (sic), el cual su última prórroga [venció] el 30/09/2006 (sic) (…)”; y, iv) No existe elemento alguno que indique que la Dirección de Personal, previa aprobación del Contralor, no instruyó el respectivo expediente administrativo.

Que en virtud de la inamovilidad laboral acordada por Decreto Presidencial, su mandante acudió al Ministerio del Trabajo y se amparó en la Providencia Administrativa Nº 1080-06 de fecha 15 de marzo de 2006, a través de la cual, se acordó con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos hecha por el ciudadano Luis Guillermo Ojeda Hernández.

Adujo en su favor la aplicación de los artículos 87 y 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Finalmente, solicitó se declare “(…) la NULIDAD ABSOLUTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, que comprende la destitución del cargo y ordene la reincorporación a su puesto de trabajo, y consecuencialmente el pago de los sueldos y demás emolumentos dejados de percibir por [su] representado, desde la fecha del ilegal despido hasta la fecha de su real y efectivas (sic) reincorporación”.

II
DE LA CONTESTACION A LA QUERELLA

En fecha 11 de abril de 2007, la representación del Órgano querellado presentó su respectivo escrito de contestación a la querella, ejercido en los siguientes términos:

Que “(…) el actor pretende la nulidad de un acto destitutorio, que no existe, pues de sus mismas afirmaciones se puede derivar que su relación de trabajo con la Contraloría Municipal Municipio (sic) Bolivariano Libertador, se [sustentó] en cinco (5) contratos laborales, a cuya culminación decidieron informarle verbalmente no renovarle la relación, situación que (…) fue conocida y resuelta por la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador, mediante Providencia Administrativa Nº 1080-06 del 15 de marzo de 2006, en la que por lo demás, se [ordenó] su reenganche y pago de salarios caídos (…)”.

Que los argumentos expuestos y las actas consignadas al expediente “(…) [llevan] a la convicción que estamos ante una relación eminentemente laboral regida por la Ley Orgánica del Trabajo, por ende el conocimiento escapa de la competencia Contencioso Administrativa, por corresponder la misma a la Jurisdicción laboral (sic)”.

Finalmente, solicitaron la declaratoria de incompetencia del Tribunal de la causa, y que en consecuencia, decline el conocimiento de la misma a la jurisdicción laboral.

III
MOTIVACION PARA DECIDIR

Siendo la oportunidad para decidir acerca del recurso interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano Silvano Asuaje Paradas, se observa:

Como punto previo, debe este Juzgado pronunciarse sobre la competencia para conocer la causa que nos ocupa, que por ser materia que interesa al orden público puede ser analizada en cualquier estado y grado del procedimiento y, en este sentido, debe señalar lo siguiente:

Al momento de proponer la demanda o recurso, el actor, debe examinar previamente cual es el tribunal competente, dentro de las diferentes jurisdicciones creadas por ley, para conocer sus pretensiones, “por corresponder el asunto a la esfera [de sus] poderes y atribuciones” (Vid. RENGEL-ROBERG, Arístides. Tratado de derecho Procesal Civil Venezolano. Caracas, 2001. pág. 298).

De igual forma, el Tribunal de la causa está en la obligación de revisar si el asunto sometido a su consideración está comprendido dentro de la esfera de sus poderes y atribuciones que positivamente le asignan las reglas de competencia, por cuanto dicha competencia es un presupuesto procesal, sin el cual, el proceso carece de existencia jurídica o de validez formal; de manera que la falta de este presupuesto debe ser declarado -en principio-, al momento de la admisión del recurso, tal como lo prevé el aparte 5, del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual no constituye impedimento alguno para que el Juez declare la incompetencia del Tribunal en cualquier estado y grado del proceso, incluso en la oportunidad de dictar su decisión definitiva, en base al carácter de orden público de este vicio.

Ello así, este Juzgado advierte que en base al criterio sentado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a través de sentencia Nº 1407 del 15 de junio de 2000, caso: José Román Sánchez Zambrano (reiterada en sentencia Nº 01661, de fecha 30 de septiembre de 2004, caso: Pierrette Carolina Morales Paiva), la competencia para conocer de los recursos de nulidad por razones de ilegalidad interpuestos contra actos administrativos emanados de autoridades estadales o municipales ha sido atribuida a los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos de la jurisdicción a la que corresponda la autoridad de la que emanó el acto, más aun cuando se trate de actos dictados en función de la relación funcionarial existente entre el actor y la Administración (Cfr. CPCA sentencia Nº 1610 de fecha 06 de diciembre de 2000).

No obstante, hay que aclarar que en los casos en los que el recurso surja en razón de una relación estrictamente laboral, existente entre la Administración y el administrado, será resuelta con arreglo al estatuto laboral, esto es, la Ley Orgánica del Trabajo, de manera que la competencia para conocer el fondo de la causa estará atribuida a la jurisdicción laboral (Vid. Corte Primera de lo Contencioso Administrativo sentencia Nº 2003-641, de fecha 06 de marzo de 2003).
Precisado lo anterior, este Juzgado estima que en el caso de autos es necesario determinar si el actor detentó o nó la cualidad de funcionario público, a los efectos de establecer la competencia de este Tribunal, tomando como base el argumento del actor según el cual para el momento de la notificación del cese de la relación de trabajo “(…) [su] mandante había adquirido el status de funcionario con carácter de fijeza, ya que había celebrado CINCO (5) CONTRATOS CONSECUTIVOS, además de estar protegido por el decreto presidencial de inamovilidad Nro. 3.546, de fecha 28 de Marzo del (sic) 2006 (…)”.

En este sentido, corresponde señalar que la Ley del Estatuto de la Función Pública ha sido muy clara al indicar en sus artículos 38 y 39 que “en ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la Administración Pública”, siendo el régimen aplicable para este tipo de personal el previsto en el contrato y en la “legislación laboral”, negándose así no su concepción de servidores públicos, pero sí su condición de funcionarios públicos, excluidos por tanto, del régimen de carrera administrativa.

De igual forma, hay que tomar en consideración el contenido del único aparte del artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el que se establece que “(…) El ingreso de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los cargos de carrera será por concurso público, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia (…)”, lo que quiere decir que sólo a través de concurso público puede ingresarse a la carrera administrativa, de modo que los cargos de elección popular, de libre nombramiento y remoción y los contratados, por mandato constitucional pasan a ser la vía de excepción para el ingreso a la Administración Pública, desprovistos por completo de la condición de funcionarios públicos.

Así, la norma aludida prevé la existencia de un sistema cerrado o de función pública propiamente dicho, con un contenido técnico mas específico y restringido, caracterizado por la existencia previa de un concurso, en el que se analizará el cumplimiento de las condiciones subjetivas, requisitos y formalidades que se requieren para ingresar a la carrera administrativa, y posteriormente, por la emisión de un acto administrativo expreso denominado nombramiento, el cual debe ser dictado luego de haberse tramitado el procedimiento administrativo constitutivo del mismo, previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Ahora bien, el mandato contenido en el artículo 146 eiusdem fue acogido en el primer aparte del artículo 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública a través del cual se definió a la carrera administrativa como la categoría de “(…) funcionarios y funcionarias de carrera, quienes habiendo ganado el concurso público, superado el período de prueba y envirtud de nombramiento, presten servicio remunerado y con carácter permanente (…)”, de manera que nos encontramos con un sistema funcionarial estructurado de la siguiente forma: un estatuto, un cuerpo de funcionarios dentro de un orden jerarquizado -que cumple la función pública- y la carrera como vía de ingreso, ascenso y ejercicio de sus funciones (Resaltado de este Tribunal).

Ello así, se observa que de las normas transcritas se desprende la intención del legislador de someter el ingreso de los funcionarios públicos a un proceso de selección por razones de mérito, que garantice la búsqueda y selección de los mejores, tanto en su aspecto ético, como de preparación técnica y profesional, sin que pueda prescindirse de su realización como modo de ingreso, en tanto, como bien lo ha señalado la doctrina, “el mérito es precisamente un signo diferencial de la función pública frente a la relación laboral de Derecho privado, pues la Administración está obligada, en todo caso, ‘a seleccionar y promocionar al mejor’ “ (Vid. PARADA VAZQUEZ, Ramón. Derecho Administrativo, Tomo II. Pág. 398 y ss).

En efecto, tanto el actual Texto Constitucional como la Ley del Estatuto de la Función Pública, se han hecho eco al constitucionalizar el concurso, como requisito esencial de ingreso a la carrera administrativa, y al haber excluido de ésta a los contratados de la Administración Pública, de manera que que el ingreso a la carrera administrativa pasa a ser una materia que no puede depender de valoraciones de la Administración que devengan en un acto discresional de la misma, por el contrario, se efectuará en base al resultado de un procedimiento -que es el concurso-, que dependerá de valoraciones objetivas, tasadas por la Ley; de manera que el control judicial de los actos administrativos que se pronuncien sobre el ingreso a la carrera será pleno, debiendo revisar la legalidad tanto del procedimiento para el ingreso, como del acto de nombramiento en sí mismo.

Por su parte la doctora Hildegard Rondón de Sansó ha señalado en este sentido que “[el] cumplimiento de todos los requisitos, condiciones, formalidades, es lo que permite calificar a un sujeto de funcionario de carrera. Por el contrario, el que haya ingresado por otro medio o haya incumplido las condiciones antes indicadas no sería titular, de acuerdo con la Ley, de tal calificación” (Vid. RONDÓN DE SANSÓ, Hildegard. El Sistema Contencioso Administrativo de la Carrera Administrativa. Ediciones Magon. Caracas, 1974. pág 152).

Como puede apreciarse del análisis previo, con la aprobación de la Constitución de 1999, el concurso dejó de ser un simple requisito escencial para el ingreso a la carrera administrativa, para convertirse en un requisito constitucional -acogido en la Ley- cuya omisión genera la nulidad absoluta de cualquier designación (ex. único aparte del artículo 40 de la Ley del Estatuto de la Función Pública), y por tanto, acarreó la desaparición del régimen legal de carrera de los funcionarios provisorios previstos en la derogada Ley de Carrera Administrativa, que representaba la única forma de ingreso a la carrera de los contratados (Vid. Corte Primera de lo Contencioso Administrativo sentencias Nros. 2003-902 de fecha 27 de marzo de 2003 y 2002-2251 de fecha 14 de agosto de 2002, casos: Diana Margarita Rosas Arellano vs. Alcaldía del Municipio Torres del Estado Lara; y Maryori Lugo Artigas contra el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, respectivamente).

Precisado lo anterior, se advierte la imposibilidad que el actor hubiere ingresado a la Administración, en virtud de los sucesivos contratos de trabajo que celebró con el órgano querellado, los cuales como bien puede apreciarse de autos, fueron suscritos con un fin definido durante períodos claramente determinados ( folios 10 al 14 del expediente judicial), motivo por el cual, una vez culminada la vigancia del último contrato en fecha 6 de junio de 2005 (ver folio 10), quedó extinguida de pleno derecho la relación laboral, debiendo notificarse al actor sólo a efectos informativos, no de eficacia del contrato, ni mucho menos de una supuesta destitución a la que no había lugar.

Tal es la certeza de la relación laboral existente entre el actor y la Administración, que luego de la notificación de la culminación de dicha relación, y en virtud de la inamovilidad laboral alegada por el ciudadano Silvano Asuaje Parada, éste recurrió a la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador, para formular solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, que fuera declarada con lugar a través de la Providencia Administrativa Nº 1080-06, de fecha 15 de marzo de 2006, suscrita por la abogada Debora Espinoza, en su carácter de Inspectora Jefe del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador; debiendo avertir este Tribunal que ésta es la vía idónea para plantear la solicitud de reenganche dada la condición de empleado del querellante, y no la jurisdicción contencioso administrativa, reservada únicamente a los funcionarios públicos.

Como consecuencia de los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior niega la cualidad de funcionario público del ciudadano Silvano Azuaje, advirtiendo que la relación existente entre el ciudadano Silvano Asuaje Paradas y la Contraloría del Municipio Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas, es de naturaleza laboral, y así se declara.

De conformidad con lo anterior, y tomando en cuenta que en el presente caso se demostró la relación laboral que posee el actor con el órgano querellado, este Tribunal en virtud de lo expuesto, y atendiendo estricto carácter de orden público de la competencia, revelable en cualquier estado y grado del proceso, declara su incompetencia para conocer del fondo del asunto controvertido, de conformidad con el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, declina la competencia en Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines que conozca de la presente causa, y así se decide.

IV
DECISIÓN

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley se declara INCOMPETENTE para conocer del recurso interpuesto por el abogado Luis Guillermo Ojeda Hernández, inscrito en el Inpreabogado, bajo el Nº 70.370, actuando en representación del ciudadano SILVANO ASUAJE PARADAS, titular de la Cédula de Identidad Nº 4.817.873, contra la CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS. En consecuencia, remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de que conozca de la presente causa.

PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año dos mil siete (2007). Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.-
EL JUEZ TEMPORAL,


CÉSAR MATA RENGIFO
LA SECRETARIA ACCIDENTAL


ALCIRA GELVEZ SANDOVAL

En la misma fecha, siendo las doce y diez minutos de la tarde (12:10 p.m.) se publicó y se registro la anterior sentencia.
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,


ALCIRA GELVEZ SANDOVAL
Exp. No. 005500
CAMR/ia