REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR EXTENSIÓN TERRITORIAL PUERTO ORDAZ


PUERTO ORDAZ, VEINTE (20) DE MARZO DE 2007
196º Y 147º

ASUNTO PRINCIPAL: FP11-R-2007-0000021
ASUNTO: FP11-R-2007-0000021

I
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS


PARTE DEMANDANTE: ANA CHIRINO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V.- 6.548.407.
APODERADOS JUDICIALES: FRANK SILVA SILVA, LUIS JOSE LOPEZ MEDRANO y WILKER EDUARDO GOMEZ GARCIA, Abogados en ejercicio, Inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 39.596, 64.017 y 98.844, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: TECNOLOGIA Y OPERACIÓN DE PLANTAS Y PROCESOS, (T.O.P.C.A) Sociedad Mercantil domiciliada en Ciudad Guayana, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 10 de octubre de 1.998, bajo el Nro. 01, Tomo A-69, folios 02 al 49.
APODERADOS JUDICIALES: LUZ MARINA NUÑEZ, MICDARIS NATALIA BARCELO GONZALEZ, SONIA MILAGROS FLORES PITRE, MARTIN RICARDO SANCHEZ, OLYMAR RIVAS y DANIEL ALMENAR WILLIAMS, Abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 93.983, 92.624, 46.271, 45.340, 63.314 y 107.125, respectivamente.
MOTIVO: COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES.



II
ANTECEDENTES

Recibido en esta Alzada el presente asunto por distribución de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Circuito Laboral, y providenciado por auto de fecha 17 de Enero de 2007, contentivo del Recurso de Apelación en ambos efectos, interpuesto en fecha 13 de Octubre de 2004, por el ciudadano FRANK SILVA SILVA, en su carácter de co-apoderado Judicial de la parte demandante, contra la decisión dictada en fecha 27 de Agosto de 2004, por el JUZGADO SEGUNDO DE TRANSICION DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, EXTENSION TERRITORIAL PUERTO ORDAZ, mediante la cual, declara SIN LUGAR la demanda por Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales, interpuesta por la Ciudadana ANA CHIRINO, en contra de la Empresa TECNOLOGIA Y OPERACIÓN DE PLANTAS Y PROCESOS (T.O.P.P.C.A), ambas partes plenamente identificadas; y la no condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Previo abocamiento de la Juez, se dictó auto acordando fijar para el día martes seis (06) de Marzo del año 2007, la Audiencia Oral y Publica de Apelación prevista en el artículo 163 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la cual fue efectivamente celebrada en la oportunidad prevista a las dos de la tarde (2:00 PM); y cuyo acto se resume en el acta que antecede; en tal sentido, habiendo este Tribunal Superior del Trabajo pronunciado en fecha martes trece (13) el dispositivo oral del fallo y encontrándose dentro de la oportunidad legal correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa de seguidas a reproducir el texto integro de la decisión en base a las siguientes consideraciones.

III
FUNDAMENTOS ESGRIMIDOS EN LA OPORTUNIDAD DE CELEBRACION DE LA AUDIENCIA DE APELACIÓN


En la oportunidad prevista por esta alzada para la celebración de la Audiencia Oral y Pública de Apelación, la representación judicial de la parte actora recurrente, dio inicio a su exposición alegando en nombre de su defendida, que el ejercicio del recurso de apelación interpuesto deviene de la sentencia proferida por el Tribunal A-quo, específicamente en cuanto a la declaratoria Sin Lugar e improcedencia de las reclamaciones formuladas por la accionante ANA CHIRINOS; en tal sentido, sostuvo, que las solicitudes de su representada, están referidas a la reclamación de un 5% mensual establecido en la Cláusula Nro. 07 del Contrato Colectivo suscrito entre el Sindicato SUTRATOPCA y TOPCA, consistente –según su decir- en un aumento del 5% mensual, “tal como lo entiende y era la clarividencia de mi representada a la letra de lo redactado en el Contrato Colectivo” (sic) así como a la indemnización por adicionalidad de Indemnización del 150% sobre el monto originalmente cancelado. En tal sentido sostuvo ante esta alzada, que de los documentos anexos a los autos, especialmente del contenido de la Cláusula Nro. 7 del Contrato Colectivo se aprecia –a su decir- en el literal a): “5% de incremento mensual en el sueldo y salario básico a partir de la fecha del deposito legal de esta Convención” (sic); lo cual señalo –a entender de la ex trabajadora- se ve traducido en un “5% de incremento mensual”.

En este mismo sentido señalo, que en la contestación de la demanda efectuada por la representación judicial de la empresa para ese entonces, admitió –según su decir- la relación de trabajo, y consecuencialmente a ello, la fecha de disolución de la relación de trabajo (16 de enero de 2001); fecha esta que –según sus dichos- a tenor de la fecha de deposito de la Convención Colectiva suscrita por la Empresa (23 de octubre de 2000), hace obvio –a sus juicios- que el vínculo laboral culmino estando vigente la Convención Colectiva de Trabajo, la cual preveía –según sus dichos- una duración de 24 meses, computados desde Octubre de 2000 hasta octubre de 2002. En tal sentido indico, que el vicio del cual deviene el recurso de apelación surge del hecho de que –según su decir- en el mes de mayo de 2001 se dio inició a las conversaciones entre el Sindicato SUTRATOPCA y la Empresa TOPCA para modificar o suprimir la intención de lo debidamente suscrito en la Convención Colectiva y a tales efectos, trajo a colación ante esta alzada, que en virtud del principio de irretroactividad de la ley conforme lo establece el artículo 153 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 526 de la Ley Orgánica del Trabajo, “una vez que se dan modificaciones, supresiones, sustituciones o aclaratorias a la Convención Colectiva no pueden hacerse las mismas con aplicación retroactiva, menos aun si estos van en detrimento del trabajador”; por tal razón adujo, que de hacerse efectivas las modificaciones, aclaratorias o supresiones estas deben ser aplicadas –a sus juicios- por el tiempo que falte para el termino de la Convención Colectiva, es decir, con aplicación hacia el futuro. En consecuencia trajo a colación el artículo 149 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, y sostuvo, que conforme a este, se debe entender –a sus juicios- que si en las Convenciones Colectivas las partes acuerdan la aplicación retroactiva de las modificaciones o de las condiciones insertas en esta, las mismas deberán estar amparadas o aprestadas a las relaciones de trabajo vigentes; por lo que considero necesario señalar tres aspectos importantes a tomar en cuenta el para el caso de autos: 1.- Que la ciudadana ANA CHIRINOS culmino su relación de trabajo con la Empresa TOPCA en fecha 16 de enero de 2001, 2.- Que la modificación, supresión o aclaratoria de la Convención Colectiva se dio en mayo de 2001, es decir con posterioridad a la culminación de la relación de trabajo; y 3.- Que existe un acta con un acuerdo definitivo de fecha mayo de 2002, suscrita entre el Sindicato y la Empresa TOPCA. En tal sentido, considero necesario que se valore en autos, si el Sindicato celebró una Asamblea Extraordinaria de Trabajadores para tener la cualidad de suprimir conceptos de carácter patrimonial de los trabajadores.

En este mismo orden, invoco el mandato constitucional establecido en el artículo 24 de la Carta Magna, y a tal efecto considero: “que cualquier aplicación de la Ley con efecto retroactivo se hará siempre y cuando beneficie al reo, entendiéndose en este caso al trabajador”(sic). Igualmente, adujo que en la oportunidad de contestación de la demanda, la empresa evidencia –a su decir- lo que para ellos es considerado como un error de hecho; por lo que en razón de ello manifestó como necesario, tomar en cuenta la letra del artículo 1.149 del Código Civil el cual establece: “Que la parte que invoca su error debe resarcir los daños y perjuicios a la otra parte…” (sic); por lo que solicito a esta alzada, que muy a pesar de que la modificación de la cláusula contractual se hubiere realizado por un acuerdo suscrito entre el Sindicato y la Empresa TOPCA, en aplicación de las máximas de experiencia y de los elementos probatorios cursantes en autos, tome en cuenta que –según su decir- “en muchos casos las representaciones sindicales juegan, suprimen, negocian con los derechos de los trabajadores…” (sic); en tal razón, adujo que al invocar la demandada empresa como defensa de fondo el error de hecho debió haber solicitado –a su decir- la anulabilidad o nulidad de la Convención Colectiva conforme a lo previsto en los artículos 1.148, 1.149 y 1.1150 del Código Civil y no establecer “erradamente” un acuerdo con el Sindicato para comprometer conceptos de carácter patrimonial de los trabajadores.

Finalmente señalo, en cuanto al argumento de la empresa respecto al perjuicio económico que representa para la empresa acordar un aumento mensual del 5% sobre el salario de la trabajadora; que al momento del deposito de la Convención Colectiva su valor se estimo en la suma de Bs. 12.600.000.00,00; lo cual –a su decir- comprendía la inclusión del 5% mensual del aumento sobre el salario de la trabajadora. En conclusión de ello, formulo ante esta alzada la interrogante: ¿Es que acaso cuando hay una estimación de una Convención Colectiva no debe reportarse la diferencia sobre la declaración de impuesto de la empresa al fisco nacional? (sic). Por ultimo solicito la declaratoria Con Lugar del Recurso de Apelación y la revocatoria de la decisión emitida por el A-quo, en cuanto a los puntos esgrimidos como fundamento de su recurso.

Por su parte, la representación judicial de la demandada empresa, inicio la exposición de sus defensas considerando en nombre de su representada, que en el caso de autos todo gira en torno a los términos empleados desde el momento en el que se suscribió la Convención Colectiva del año 2000- 2002 hasta el momento en el cual se corrigió o modifico su interpretación. En tal sentido, sostuvo que el conflicto de autos, surge en torno a las palabras utilizadas por la contraparte para definir a su criterio cual fue la verdad verdadera de lo ocurrido al momento de redactar las cláusulas contenidas en la Convención y en torno a las palabras empleadas por quien para ese entonces redacto la contestación de la demanda. Igualmente sostuvo que la representación judicial de la parte actora recurrente centra su exposición en afirmar que lo que ocurrió en la reforma de la Convención Colectiva fue una supresión y una sustitución, atribuyéndole a la accionada el haber empleado como argumento el error de hecho; en consecuencia de ello arguyo: Que cuando las partes suscriben la Convención Colectiva lo hacen con el animo de que el aumento salarial sea de un 5% al momento del deposito de la Convención y luego con aumentos sucesivos de 7.5% y 7.5% para cada determinado periodo de tiempo convenido en la cláusula Nro. 7; ocurriendo el hecho –según su decir- que en mayo de 2001 las partes se reúnen para aclarar lo que hasta ese momento no había traído mayor controversia que el inicio de las diferencias que podían sentir patrono y sindicato, en cuanto a la actitud de los trabajadores en la interpretación de las cláusulas; razón por la cual –según sus dichos- ambas partes, con el único fin de aclarar a los interpretes de la Convención Colectiva su verdadero sentido, coincidieron en conjunto en determinar la existencia de un error de hecho.

Así pues, sostuvo que el error de hecho surge en el momento que se establece en la cláusula Nro. 7 originalmente redactada, que el aumento va hacer de un 5% de incremento mensual; no refiriéndose ni entendiéndose –a su decir- a que todos los meses se realizaría un incremento de un 5%, sino a que el incremento del 5% se realizaría sobre el salario mensual; errada interpretación esta que ambas partes –a su decir- generaron. En consecuencia, sostuvo que ante tal situación es necesario tener entendido que en el caso de autos no se suprime, ni se reprime la cláusula Nro. 07, al igual que tampoco se crea una cláusula diferente, ni se despoja de beneficios al trabajador; ya que –según sus dichos- el trabajador jamás recibió efectivamente entre el año 2000 (fecha de deposito de la Convención) y el mes de mayo del año 2001 (fecha en que se produce la corrección de la cláusula) aumentos progresivos mes a mes del 5%; puesto que –según su decir- en dicho periodo no hubo mas que el aumento de un 5% que se verifico al momento del deposito de la Convención, puesto que –según su decir- no era el espíritu original de las partes suscribientes de la Convención Colectiva generar un derecho distinto a este.

Por otro lado rechazo el alegato de la parte actora recurrente en cuanto a la aplicación retroactiva de la reforma, toda vez que sostuvo, que en el presente caso no existe una aplicación retroactiva por no haber efectivamente una reforma de la Cláusula. Igualmente niega, que la accionante deba ser indemnizada aun no estando al servicio de la empresa en virtud de las disposiciones del Código Civil; por cuanto –a su decir- al no haber nacido derecho alguno, no debe haber indemnización alguna; ya que sostuvo categóricamente, que en el presente caso el derecho que nació para la ex trabajadora fue el que efectivamente se materializo en su oportunidad, por lo que en consecuencia – a su decir- esta no puede aspirar a recibir un beneficio distinto al que ya se le cancelo. Así pues, sostuvo que el espíritu de corregir la redacción de la Cláusula de la Convención, como en efecto –a su decir- lo señalo el apoderado que para la época contesto la demanda, no es más –según sus juicios- que el ejercicio de corregir, el cual lleva a afirmar “que si la interpretación fuese la que erradamente podría darse de la interpretación de la cláusula, la empresa tendría que pagara sus trabajadores aproximadamente un 82%, en el primer año de vigencia de la Convención Colectiva por aumento de sueldos y salarios” (sic).

Por ultimo rechazo, los alegatos de la representación actoral, en cuanto al costo estimado de la Convención tomado en consideración su precio a razón de la inclusión del 5% mensual; toda vez que sostuvo que de ser ciertamente así, su representada hubiese tenido que cerrar por completo sus puertas dado el alto costo que dicho aumento podría generar. Así pues concluyo, señalando que el empleo de los términos constituye no más que la denominación común de las actuaciones sin aceptar el lenguaje correcto.

Así pues, en la oportunidad del ejercicio del derecho a replica y contrarreplica ambas partes hicieron uso de tal derecho, y a tal efecto la representación actoral recurrente ratifico su exposición y solicito a esta alzada la interpretación exhaustiva de la Ley y del Contrato Colectivo así como del carácter normativo de este. Igualmente invoco el contenido del artículo 522 de la ley Orgánica del Trabajo, el 525 y 526 ejusdem; así como el artículo 153 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Igualmente, trajo a colación el contenido del folio Nro. 02 y su vuelto de la contestación de la demanda, según el cual la empresa reconoce –según su decir- que la Cláusula fue suprimida y sustituida con posterioridad a la firma de la Convención y que efectivamente el contenido de esta es el que aparece redactado en el libelo de la demanda. Asimismo invoco el alegato de la contraparte en cuanto a que las partes “Sindicato y Empresa” suscribieron la aclaratoria, por lo que en consecuencia de ello señalo, que para la oportunidad de la modificación el Sindicato ya no representaba a la actora, por cuanto –según su decir- cuando se suscribió la primera intencionalidad en mayo de 2001 la accionante estaba fuera de la empresa, dado que –según sus dichos- el vinculo laboral se había disuelto antes de la modificación de la cláusula.

Por su parte, el apoderado judicial de la demandada empresa, se apego al alegato de la parte actora en cuanto al carácter normativo de la Convención Colectiva y sostuvo una vez más que la modificación de la cláusula surgió solo para aclarar el verdadero espíritu e intencionalidad de la cláusula a razón de los beneficios efectivamente materializados, insistió, en que a la cláusula modificada no se le dio un sentido diferente, sino que –a su decir- sencillamente se le efectuó una aclaratoria; razones tas por las cuales –a sus juicios- no se puede en virtud del principio in dubio pro operario pretender trasladar a favor de la ex trabajadora todas las condiciones que existieron en el decurso de la relación laboral; toda vez que –a su entender- “la verdad verdadera, es que los términos sustituidos o suprimidos forman parte de algunas aplicaciones del lenguaje técnico jurídico que no se explicaron con precisión, y ciertamente la cláusula fue redactada en la forma en que lo indica la actora en su libelo, pero no fue ese su sentido, puesto que el fin de la norma era otro completamente diferente…” (sic)

IV
DEL ANALISIS DEL FALLO RECURRIDO

Planteados de esta manera los argumentos expuestos por las partes durante la celebración de la Audiencia Oral y Pública de Apelación, observa esta Alzada que la representación judicial de la parte actora recurrente aduce que, el ejercicio del presente recurso de apelación va dirigido a impugnar la sentencia de autos de fecha 27 de agosto del 2004, mediante la cual la jueza del a-quo declara SIN LUGAR e IMPROCEDENTES las reclamaciones formuladas por la accionante ANA CHIRINOS en su libelo de demanda; en tal sentido, sostuvo, que las solicitudes de su representada, están referidas a la reclamación de un 5% de incremento en el salario mensual, durante el período comprendido entre el 27 de noviembre de 2000 hasta el 15 de enero de 2001, lo cual, … “tal como lo entiende y era la clarividencia de mi representada a la letra de lo redactado en el Contrato Colectivo” tiene su fundamento en la Cláusula Nro. 07 del Contrato Colectivo suscrito entre el Sindicato SUTRATOPCA y TOPCA, vigente para la fecha de la terminación de la relación laboral, (sic) así como de la indemnización por adicionalidad de la Indemnización del 150% sobre el monto originalmente cancelado por concepto de prestación de antigüedad conforme al contenido de la cláusula 22 del citado contrato colectivo.

De igual forma aprecia esta alzada, que manifiesta el apoderado judicial de la accionante, que el vicio del cual deviene el recurso de apelación surge del hecho que posterior a la terminación de la relación laboral que unión a su representada con la accionada, en el mes de mayo de 2001 se dio inicio a las conversaciones entre el Sindicato SUTRATOPCA y la Empresa TOPCA para modificar o suprimir la intención de lo debidamente suscrito en la Convención Colectiva y a tales efectos, invoco el mandato constitucional establecido en el artículo 24 de la Carta Magna, y considero: “que cualquier aplicación de la Ley con efecto retroactivo se hará siempre y cuando beneficie al reo, entendiéndose en este caso al trabajador”(sic). De igual forma invocó la aplicación de los artículos 153 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 526 de la Ley Orgánica del Trabajo, pues “una vez que se dan modificaciones, supresiones, sustituciones o aclaratorias a la Convención Colectiva no pueden hacerse las mismas con aplicación retroactiva, menos aun si estos van en detrimento del trabajador”; por tal razón adujo, que de hacerse efectivas las modificaciones, aclaratorias o supresiones estas deben ser aplicadas –a sus juicios- por el tiempo que falte para el termino de la Convención Colectiva, es decir, con aplicación hacia el futuro.

Igualmente, adujo que en la oportunidad de contestación de la demanda, la empresa reconoció haberse incurrido en un error de hecho en la redacción de la cláusula 7 en referencia; por lo que en razón de ello manifestó como necesario, tomar en cuenta la letra del artículo 1.149 del Código Civil el cual establece: “Que la parte que invoca su error debe resarcir los daños y perjuicios a la otra parte…” (sic); por lo que adujo que al invocar la demandada empresa como defensa de fondo el error de hecho debió haber solicitado –a su decir- la anulabilidad o nulidad de la Convención Colectiva conforme a lo previsto en los artículos 1.148, 1.149 y 1.1150 del Código Civil y no establecer “erradamente” un acuerdo con el Sindicato para comprometer conceptos de carácter patrimonial de los trabajadores.

Pues bien, de la fundamentación de la denuncia que antecede se deduce que el punto central a revisar es la procedencia o no de las pretensiones de la accionantes, las cuales son reclamadas con fundamento en la aplicación de las cláusulas contractuales signadas con los números 7 y 22 del Contrato Colectivo suscrito entre la empresa TOPPCA y la Organización Sindical que representa a los trabajadores de esta empresa.

Por consiguiente, y vista las denuncias planteadas, esta alzada estima conveniente transcribir parte de la sentencia recurrida, para su posterior análisis, lo cual hace de la siguiente manera:

“Aprecia el Tribunal que la parte actora fundamenta su demanda en las cláusulas Nros. 7 y 22 de la Convención Colectiva, indicando que no se aplicó el 5% mensual del aumento de sueldos y salarios de su representada a partir del 27-11-2000 hasta el 15-01-2001, y que al no aplicarse dicho aumento existe una diferencia en el pago de sus prestaciones sociales.
Por su parte, la patronal señala que la cláusula Nro. 7 fue modificada por las partes y la cláusula Nro. 22 fue suprimida y sustituida con posterioridad a la firma de la Convención, por lo que no le corresponde a la demandante ninguna diferencia en el pago de sus prestaciones sociales.
En este sentido, observa el Tribunal que la demandada anexa al escrito de contestación actas marcadas con la letra “C”, y en cuanto a la cláusula Nro. 22, consta Acta Final, levantada en fecha 26-10-2000, por ante la Inspectoria del Trabajo de la Zona del Hierro, debidamente homologada por dicho organismo, en la cual la representación patronal y el Sindicato Unico de Trabajadores de Tecnología de Operación de Plantas y Procesos, C.A (SUTRATOPPCA), donde se acordó lo siguiente: “Con respecto a la cláusula Nro. 22 “Prestaciones Sociales” las PARTES manifiestan haberse acogido al régimen legal vigente”; cuestión esta que quedo ratificada en Acta levantada por ante el mismo organismo (folio 82), donde las partes dejaron establecido: “5.- Cláusula Nro. 22.- Este asunto ha quedado definitivamente resuelto con el reconocimiento de las partes de la existencia del ACTA FINAL sobre las discusiones de la Convención Colectiva –se anexa a la presente-, donde acuerdan aplicar el régimen legal vigente, es decir, para las Prestaciones Sociales conforme lo señalan los artículos 108 y 125 de la Ley Orgánica del Trabajo en vez de contenido en la cláusula Nro. 22 del Convenio Colectivo…”
En cuanto a la cláusula Nro. 7, la accionada alega que se incurrió en un error de redacción que fue posteriormente subsanado por ante la Inspectoria del Trabajo, mediante acta levantada ante el organismo mencionado, en la cual se fijaron los siguientes términos: “CLAUSULA 7. AUMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS. La EMPRESA conviene en aumentar los sueldos y salarios de sus TRABAJADORES amparados por esta CONVENCION COLECTIVA, de la siguiente manera: a) cinco por ciento (5%) de incremento en los sueldos y salarios básicos a partir de la fecha del deposito legal de la Convención. B) Siete y medio por ciento (7,5%) de incremento en los sueldos y salarios básicos, a partir del sexto mes de vigencia de esta Convención. C) Siete y medio por ciento (7,5%) de incremento en los sueldos y salarios básicos, a partir duodécimo mes de vigencia de esta Convención. En el caso de que para el año 2001 la cifra oficial de la inflación acumulada supere el 15%, la EMPRESA se compromete en ajustar el porcentaje de incremento previsto en este literal para adecuarlo a esta cifra oficial de inflación acumulada. Este ajuste de ser procedente deberá hacerse efectivo retroactivamente a la fecha de aplicación del aumento previsto según este literal…”.

En su escrito de promoción de pruebas, la parte actora señala que se incurrió en una simulación y un fraude a la Ley, al sustituir a través de dichas actas, la cláusula Nro. 7 y suprimir la cláusula Nro. 22 de la Convención Colectiva; pero no trajo la accionante probanza alguna de que las partes, en caso de sentir afectados sus intereses, en consecuencia, el Tribunal otorga pleno valor probatorio a las actas promovidas por la demandada y así se establece.-
SEGUNDO
La demandada anexa a su escrito de contestación marcados “A” y “B”, listado nómina de pago, correspondientes a los meses de octubre y noviembre, a los fines de demostrar que a la trabajadora Ana Chirinos le fue cancelado el aumento del 5%, establecido en la cláusula Nro. 7 de la Convención Colectiva, planillas estas que no fueron impugnadas por la parte actora, por lo que el Tribunal les otorga pleno valor probatorio a las mismas, y así se establece.-
Establecido lo anterior, considera quien juzga que la presente demanda debe ser declarada sin lugar, y así lo establecerá en la parte dispositiva del fallo.- Cursivas y negrillas de esta alzada.

De la trascripción precedentemente expuesta, se observa que la recurrida declaró improcedentes el pago de las pretensiones reclamadas por la accionante, con fundamento al contenido de las actas marcadas con la letra “C”, acompañadas a los autos por la representación de la empresa accionada, así como al contenido que se desprende del acta final sobre las discusiones de la contratación colectiva, suscrita por representantes del SINDICATO UNICO DE LOS TRABAJADORES DE TECNOLOGIA Y DE OPERACIONES DE PLANTAS Y PROCESOS DEL ESTADO BOLIVAR y la empresa TECNOLOGIA Y OPERACIONES DE PLANTAS Y PROCESOS, C.A. (TOPP, C.A.), la cual fue presentada y homologada por ante la Inspectoria del Trabajo de la Zona del Hierro en fecha 26 de octubre de 2000, argumentándose que respecto a la cláusula 22 del Contrato Colectivo, ambas partes decidieron dejar sin efecto dicha norma en virtud de su manifestación expresa de acogerse al nuevo sistema legal de prestaciones sociales, acordando las partes en consecuencia, sustituir dicha norma por aplicación de los artículos 108 y 125 de la Ley Orgánica del Trabajo con vigencia de 19 de junio de 1997, todo lo cual obliga a esta alzada a descender al análisis de los medios probatorios aludidos.

Ciertamente, de la revisión de las actas que conforman el presente expediente esta alzada logró constatar, que cursante a los folios 82 al 88, del expediente riela copia certificada del acta de fecha 20 de mayo de 2002, suscrita por representantes de la empresa TECNOLOGÌA Y OPERACIONES DE PLANTA Y PROCESOS, C.A. TOPPCA Y EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE TECNOLOGÌA Y OPERACIONES DE PLANTA Y PROCESOS DEL ESTADO BOLIVAR, por ante la Inspectoria del Trabajo de la Zona del Hierro, mediante la cual ambas partes dejan expresa constancia de los acuerdos a los que arribaron después de las discusiones conciliatorias sostenidas durante los meses de febrero, marzo y abril del año 2002, para solucionar el pliego de peticiones interpuesto por la dirigencia sindical en fecha 18 de enero de 2002, cursante en el expediente 02-01-005 de la nomenclatura del citado Órgano Administrativo del Trabajo. Respecto al descrito documento aprecia esta alzada que el mismo constituye un documento administrativo del cual emerge una presunción juris tantun de veracidad de los hechos en el expresado, en virtud que este ha sido otorgado ante la presencia de un funcionario de la administración encargado de dar fe de los hechos que constan en el mismo quien lo suscribe, el cual en modo alguno fue desvirtuado ni impugnado, en razón de lo cual esta juzgadora lo valora con completo valor probatorio; desprendiéndose del mismo que el Sindicato suscribiente de la Contratación Colectiva y representante de los Trabajadores de la empresa accionada conjuntamente con representantes de la empresa TOPPCA, dada la errónea interpretación realizada por terceros interesados o no, de la cláusula Nro. 7 del Contrato Colectivo, ratifican el contenido del acta de fecha 14 de mayo de 2001, cuyo contenido fue reproducido en la presente acta, de la cual a su vez emerge con meridiana claridad que tanto empresa como organización sindical como firmantes originarios de la contratación colectiva, reconocen expresamente, … “que a pesar de haberse acodado en su mayoría las cláusulas integrantes del convenio al momento de la discusión del mismo, las partes incurrieron en un error de hecho en la redacción de la cláusula 7, referida al aumento de sueldos y salarios, cuya aplicación estricta en los términos como esta redactada acarearía perjuicios irreparables a la empresa”, … por lo que las partes estuvieron contestes que la redacción de dicha cláusula no es la que se quiso en el momento de las negociaciones…

Asimismo, observa esta alzada que las partes dan por sentado que de la redacción de la referida cláusula se convino erróneamente un incremento salarial mensual, siendo que en el animo de ambas partes solo estuvo el de incrementar el 20% del salario, en forma proporcional y escalonado cuyo cumplimento estaría en vigencia a partir del deposito del convenio en la siguiente manera: 5% al deposito del convenio, 7,5 %a partir del sexto mes y 7,5% a partir del duodécimo mes. Asimismo, quedó plenamente entendido y acordado entre los trabajadores representado legítimamente por el sindicato y la empresa hoy accionada que, el error material de redacción cometido por ambas partes en modo alguno puede considerarse fuente de obligaciones, pues la intensión de las partes como se refirió anteriormente, no fue otra que otorgar a los trabajadores un aumento salarial de 20%, razón por la cual conscientes del error cometido, procedieron ambas partes de forma responsable y sensata, a decidir la subsanación del error material, obligándose expresamente a dar cumplimiento estricto a dicha cláusula de la forma como quedó finalmente redactada, sin que naciera para la empresa obligación alguna frente a los trabajadores por la interpretación errónea que a la redacción de la cláusula pudiera darse ni antes de esa fecha de la firma de esta acta ni en el futuro, lo cual quedó además demostrado con la declaración expresa del sindicato cuando … “reconoce y acepta que el error de hecho en que se incurrió no es fuente de obligaciones y en consecuencia no tiene nada que reclamarle a la empresa ningún pago, indemnización por este concepto, ni por ningún otro derivados de la aplicación errónea des esta cláusula”.

Ahora bien, establecido lo anterior debe esta alzada concluir que la denuncia formulada por la parte recurrente, respecto a la sentencia bajo estudio, a todas luces es improcedente, pues considera esta Alzada que en modo alguno podía la parte actora demandar las pretensiones esgrimidas en su escrito libelar, fundamentado en una interpretación errónea de la norma contractual prevista en el artículo 7 de la Contratación Colectiva suscrita por representantes de la empresa TECNOLOGÌA Y OPERACIONES DE PLANTA Y PROCESOS, C.A. TOPPCA Y EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE TECNOLOGÌA Y OPERACIONES DE PLANTA Y PROCESOS DEL ESTADO BOLIVAR, que representa a todos los trabajadores de la empresa, y menos aún, argumentando un error material como generador de derechos y obligaciones, el cual fue cometido por ambas partes suscribientes de la convención, en el momento de redactar el contenido normativo previsto en la cláusula siete del referido contrato. ASI SE ESTABLECE.

Por otro lado, es preciso señalar que conforme al contenido de la sentencia Nro 4 de fecha 23 de enero de 2003, el cual es ratificado posteriormente en sentencia Nro. 535 de fecha 18 de septiembre de 2003, es criterio de la Sala Social de nuestro máximo Tribunal de Justicia, que las convenciones colectivas constituyen actos normativos. En tal sentido, considera esta alzada que si bien las convenciones colectivas tienen su origen en un acuerdo de voluntades, que tiene por objeto reglar las relaciones laborales; para determinar la interpretación correcta de sus normas contractuales, en primer lugar es necesario tener presente que conforme a lo establecido en el artículo 507 de la ley Orgánica del trabajo, las partes suscribientes de una convención colectiva son siempre los trabajadores y patronos, los primeros, en todo caso representados por los Sindicatos, Federaciones o Confederaciones sindicales de trabajadores y los segundos, patronos individualmente representados o a través de varios patronos, sindicatos o asociaciones de patronos, por lo que siendo la finalidad de las convenciones colectivas el mejoramiento de las condiciones de prestación del servicio, las normas deben ser interpretadas extrayendo de su significado gramatical el ánimo, espíritu y razón que tuvieron las partes para la determinación de una condición, derecho u obligación laboral.

Así, en el caso bajo estudio, no cabe dudas para esta Alzada que de las actas de discusión del contrato colectivo y de su propio contenido normativo en modo alguno puede apreciarse que la intensión de las partes fuera la de establecer una aumento salarial distinto al 20 % acordado entre ellas. ASI SE DECIDE.

Igualmente observa esta Alzada, que la parte recurrente aduce en la audiencia de apelación, que la tantas veces citada cláusula Nro. 7 fue reformada con perjuicio para su representada, pues se acuerda la aplicación retroactiva de las modificaciones o de las condiciones insertas en esta, lo cual le privó de obtener el incremento mensual del 5% sobre su salario básico, durante los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2000 y enero de 2001, no obstante ello, y contrario a lo alegado por la recurrente, observa esta alzada, que conforme a la cláusula 7 de la convención colectiva, si le fue reconocido y cancelado a la trabajadora Ana Chirinos durante los meses de octubre y noviembre de 2000, el incremento salarial del 5% sobre el salario basico, acordado para todos los trabajadores amparados por la convención, el cual sería verificado a la fecha del deposito de la convención, todo lo cual queda demostrado en autos con las documentales anexas al escrito de contestación, marcados con las letras A y B, los cuales no fueron impugnados en juicio, y por ende se valoran con pleno efecto probatorio. ASI SE ESTABLECE.

Asimismo, debe afirmar esta superioridad que el haber considerado las partes suscribientes de la convención, que se incurrió en un error material en la redacción de la cláusula en referencia, no se cambió ni se reformo en absoluto el derecho adquirido por los trabajadores de percibir el incremento salarial en los términos acordados, razón por la cual yerra la parte recurrente al concebir la subsanación del error material cometido como una reformatio in melius de las condiciones laborales y del derecho reconocido a los trabajadores, como lo quiere hacer ver el representante de la accionante, ni mucho menos considerar el efecto retroactivo de dicha reforma, cuando lo cierto es que no hubo tal reforma, en virtud que el animo de las partes estuvo plasmada de forma expresa en el acta antes analizada, con la cual se dejó demostrado en autos que el aumento salarial establecido en la cláusula 7 del Contrato Colectivo fue de un 20%, el cual se obligaba la empresa a cancelar de la siguiente manera: un 5% de incremento en los sueldos y salarios básicos, al momento del deposito de la Convención y luego un aumento del 7.5% en los sueldos y salarios básicos, a partir del sexto mes y otro y 7.5% de incremento en los sueldos y salarios básicos, a partir del duodécimo. ASI SE DECIDE.

Con relación a la pretensión de la parte accionada fundamentada en la aplicación de la cláusula 22 del contrato colectivo de trabajo, igualmente advierte esta juzgadora, que a los folios 89 y 90 del expediente, cursa acta de fecha 26 de octubre de 2000, la cual por constituir un documento administrativo es igualmente valorada por esta alzada con pleno valor probatorio al no ser de ningún modo impugnada ni desvirtuada la presunción juris tantum que del contenido del mismo emana, mediante otro medio probatorio, cuyo contenido a su vez fue ratificado por las partes suscribientes de la Convención Colectiva, por acta de fecha 20 de mayo de 2002, cursante a los folios 82 al 88 del expediente. Se desprende de dichas documentales de manera inequívoca que trabajadores y patrono de mutuo acuerdo y de manera expresa acordaron acogerse al nuevo régimen legal vigente a partir de la reforma de la Ley del Trabajo en fecha 19 de junio de 1997, a tenor de lo dispuesto en sus artículos 108 y 125, todo lo cual hace concluir a esta Alzada que es improcedente y a todas luces carente de argumento jurídico. ASI SE ESTABLECE.

En consecuencia de todo lo antes expuesto, concluye esta juzgadora que no incurrió la recurrida en las delaciones formuladas por la parte actora recurrente, motivo por el cual, la presente apelación debe ser declarada SIN LUGAR, y en consecuencia, se confirma la sentencia del a-quo que declaró sin lugar las pretensiones de la accionante. ASÍ SE DECLARA

V
DISPOSITIVA

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR la Apelación interpuesta por la parte actora recurrente, en contra de la decisión dictada en fecha 27 de agosto de 2004, por el Juzgado Segundo de Juicio del Trabajo del Régimen Procesal Transitorio del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, sede Puerto Ordaz, en consecuencia, se CONFIRMA la referida decisión.

SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda por COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES, incoada por la ciudadana ANA CHIRINOS contra la empresa TECNOLOGÍA Y OPERACIONES DE PLANTA Y PROCESOS (T.O.P.P.C.A.).

TERCERO: No hay condenatoria en costas en virtud de la decisión aquí dictada.


La anterior decisión está fundamentada en los artículos 2, 19, 26, 87, 257 y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 507, 508, de la Ley Orgánica del Trabajo, en los artículos 12, 15, 242, 243, 254, del Código de Procedimiento Civil y en los artículos 2, 5, 11, 163, 165 y 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión en el compilador respectivo.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, a los veinte (20) días del mes de marzo de dos mil siete (2007). Años: 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

LA JUEZ SUPERIOR PRIMERA

DRA. YNDIRA NARVAEZ LOPEZ

LA SECRETARIA DE SALA,

ABOG. MARYORI GARCIA



PUBLICADA EN EL DIA DE SU FECHA, PREVIO ANUNCIO DE LEY A LAS TRES Y QUINCE MINUTOS DE LA TARDE (3:15 PM.).-



LA SECRETARIA DE SALA,

ABOG. MARYORI GARCIA